Pocos y pocas os habéis planteado qué futuro tienen las personas con discapacidad intelectual cuando fallecen sus padres o tienen que enfrentarse a los cuidados de éstos. Siempre han sido ellos y ellas las personas cuidadas debido a su situación, pero llega un momento en que tienen que afrontar la responsabilidad de hacerse cargo de personas dependientes sin saber cómo hacerlo. No es que no quieran hacerlo, sino que no tienen la capacidad para dar respuesta a las necesidades y atenciones que requieren. Empiezan a sentirse agobiados ante un futuro en el que no habían pensado pero que les cae como una losa, de repente y sin esperarlo. Sus hábitos y sus rutinas se ven interrumpidos y muchos de ellos no son capaces de vivir solos cuando estas personas mayores que los han acompañado y dado cariño durante toda su vida, no pueden valerse por sí mismos o tienen que irse a una residencia para ser atendidos.
Las personas con discapacidad intelectual han sido y son los grandes olvidados, bien por desconocimiento, por ignorancia; hacemos como que no existen, son invisibles y creemos, siendo desconocedores del tema, que no sirven para nada ni pueden ejercer un trabajo remunerado. Antes de todo son seres humanos con sentimientos y emociones que han sufrido en el pasado el menosprecio, la caridad, la institucionalización y la exclusión social, simplemente por ser diferentes.
Es hora de que estas personas recuperen su dignidad, su libertad y sus derechos a poder participar y tener su lugar en la sociedad. Ya es tiempo que se les otorgue la posibilidad de realizarse laboralmente teniendo en cuenta sus limitaciones. Ha llegado el momento de que no solo tengan derechos a nivel legal y sobre el papel, sino también que sea real y efectiva. Con esto me refiero a que tengan un tratamiento más amplio e integrador y no únicamente a cuestiones relacionadas con la tutela e incapacidad. Sin quitarle el valor a estas figuras que son importantes, no hay que olvidar que ante la sociedad y la Ley son “adultos y adultas”, de hecho, son personas con capacidades diferentes y que debemos proteger ante situaciones y asuntos que no saben manejar.
No contribuyamos a aparcar sus necesidades en largas listas de espera para poder acceder a un centro de día, a una residencia permanente o un piso tutelado, recursos ya escasos de por sí. Hagamos de la Ley de la dependencia un apoyo y una ayuda para que las personas con discapacidad intelectual puedan atender a estos progenitores en sus hogares. Para hacer de este sistema un recurso más ágil y eficaz, se debería de establecer un “triaje” que determinara la urgencia de la atención en función de cada caso concreto, y priorizando aquellas situaciones que no puedan esperar meses y meses mientras se tramita y se resuelve la concesión de estas ayudas. Las entidades que tiene contacto con este tipo de colectivos podrían convertirse en interlocutores con la administración, ya que conocen de primera mano sus necesidades y son los más competentes para valorar cuál es el recurso ideal en cada situación.
En este punto quiero agradecer la labor que realizan algunas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro y en concreto y sin desmerecer a ninguna, la que yo conozco que es la Fundación Down de Zaragoza a través de su centro de adultos, en el que he tenido la oportunidad y fortuna de ser docente en su taller de empleo «Personal Auxiliar en Entidades Culturales». No podré devolver el gran cariño, respeto y educación que el alumnado me ha regalado. Su motivación, entusiasmo y ganas de aprender; su afán de superación y una actitud y predisposición para aprender cosas nuevas. La verdad es que han hecho que impartir formación sea no un trabajo sino algo gratificante, sabiendo sobre todo que estoy contribuyendo a que adquieran unos conocimientos que les sirva para superarse y lograr esa autonomía y sueño de vivir una vida propia.
Autora: Maite Ruiz Domingo
